Política de Educación Inclusiva para la Población con Necesidades Educativas
Especiales con y sin Discapacidad
Con el fin de asegurar el derecho a la educación de toda la niñez, el Ministerio de Educación ha reforzado sus acciones para atender a los conglomerados de población que tradicionalmente han sido excluidos de las oportunidades educativas. La niñez con necesidades especiales, asociadas o no a discapacidades, constituye uno de estos grupos de población.
En el Año Nacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Educación emitió el Acuerdo Gubernativo 118-2005, con disposiciones para mejorar la atención que recibe la niñez con necesidades educativas especiales. La experiencia acumulada es fundamento de la política que ahora se presenta: la de educación inclusiva para la población con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad.
Esta política se orienta a hacer positivos derechos de la población con necesidades especiales consagrados en la Constitución Política de la República y en la legislación nacional, conforme convenios internacionales por medio de los cuales numerosos Estados reconocen la importancia de la educación inclusiva.
Con esta política se pretende que el sistema educativo pueda actuar mejor al servicio de las personas con necesidades educativas especiales, para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Al modificar condiciones de exclusión educativa, esta política contribuirá al fortalecimiento de procesos de desarrollo humano y convivencia en un régimen democrático.
El cambio principal que esta política promueve es superar los enfoques predominantemente asistencialistas y sobreprotectores, para impulsar estrategias de equiparación de oportunidades e inclusión educativa, para el pleno desarrollo de la niñez y juventud con necesidades especiales.
La propuesta inicial fue elaborada por la unidad de Educación Especial de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa (DIGECADE) del Ministerio de Educación, en el marco del Proyecto Implementación de Políticas Públicas en Educación Especial para Personas con Retraso Mental en Guatemala, que contó con apoyo financiero de la Agencia de Cooperación Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI).
En los lineamientos de política se incorporaron recomendaciones planteadas por padres y madres de familia, docentes y universidades, en las jornadas de consulta; así como las derivadas del Diagnóstico de la situación de la educación especial preparado por el MINEDUC con el apoyo de la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (ASCATED).
Para formular la versión final de esta política se contó con la asistencia técnica del Programa de Apoyo a la Calidad Educativa (PACE) de la Misión Técnica Alemana (GTZ).
El Ministerio de Educación manifiesta su reconocimiento a todas las personas e instituciones que en una u otra forma participaron en este proceso. Se exhorta a la sociedad guatemalteca para que contribuya a hacer realidad la aplicación de ésta Política.
Ing. María del Carmen Aceña Villacorta de Fuentes
Introducción
El Ministerio de Educación, presenta la Política de educación inclusiva para la población con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, en respuesta a las demandas de atención educativa de dicha población. Este es un compromiso más que se honra con el propósito de hacer realidad la Reforma Educativa que nace de los Acuerdos de Paz
Esta política tiene como finalidad brindar oportunidades educativas con calidad, equidad y pertinencia, a la población con necesidades educativas especiales. Fue definida de acuerdo con las metas de Primaria completa y Reforma Educativa en el aula, contenidas en el Plan Nacional de Educación 2004-2007; y es coherente con la visión general de la transformación curricular.
Toda la población guatemalteca tiene derecho a recibir educación con respeto a las diferencias individuales, ya sean motivadas por factores culturales, o por características personales. La educación inclusiva, en la cual las personas comparten las mismas oportunidades para aprender, con adecuaciones curriculares para atender necesidades especiales, es un medio para hacer efectivo ese derecho.
La política de educación inclusiva indica el camino para adecuar procesos pedagógicos, técnicos y administrativos del sistema educativo, en beneficio de la población con necesidades educativas especiales. Lo hace al identificar líneas de acción estratégicas para los próximos 10 años: ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad de la educación especial; formación, capacitación y perfeccionamiento docente; participación comunitaria en la gestión educativa.
Visión
Los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, asisten al sistema educativo regular, en igualdad de condiciones y oportunidades y reciben una educación de calidad con los apoyos técnicos, materiales y humanos, que les permite desempeñarse adecuadamente dentro de la sociedad a la que pertenecen, resaltando sus capacidades, habilidades y destrezas con el respeto de su diversidad personal.
Misión
El Ministerio de Educación propicia, a nivel nacional, la educación inclusiva con calidad y equidad, por medio de programas y servicios dirigidos a niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, en los subsistemas educativos escolar y extraescolar.
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I. Fundamento jurídico
La política de educación inclusiva para la población con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad, se formula en el cumplimiento del marco legal y político vigente en el país.
Al Ministerio de Educación le corresponden responsabilidades indeclinables como órgano rector del sistema educativo, una de ellas es plantear a la sociedad en su conjunto directrices que contribuyan con la satisfacción de las necesidades de educación de la población guatemalteca dentro de la que se incluye a la niñez y juventud con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad.
La Constitución Política de la República establece que la población guatemalteca tiene derecho a recibir educación en forma gratuita y obligatoria sin discriminación alguna. La Ley de Educación Nacional (Decreto 12-91) reconoce (Título IV, Capítulo III) que la Educación Especial es una modalidad educativa transversal en el sistema educativo nacional. La Ley de Atención a las Personas con Discapacidad (Dto. 135-96) garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, en ámbitos como: salud, educación, trabajo, recreación, deportes y cultura.
El Acuerdo Ministerial 830-2003 (Política y Normativa de Acceso a la Educación para la población con Necesidades Educativas Especiales) define que la población con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, tiene derecho a la educación especial, así como a la educación regular con los servicios de apoyo respectivos.
La base legal nacional desarrolla las convenciones, declaraciones y los acuerdos internacionales que, en materia de atención a la discapacidad y las necesidades educativas especiales, ha suscrito el Estado de Guatemala, entre ellas: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), la Convención Interamericana para la eliminación de todas las Formas de Discriminación por razones de discapacidad (OEA); las Normas Uniformes sobre Igualdad de Oportunidades para las personas con Discapacidad (ONU 1993); y las declaraciones de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, Acceso y Calidad. (UNESCO, 1994). También la Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, recientemente aprobada por Naciones Unidas, la cual establece el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de las personas con discapacidad que, en el tema de educación privilegia el enfoque de la educación inclusiva.
Situación de la Educación Especial en Guatemala
Datos del XI Censo Nacional de Población y VI de Habitación (2002) del Instituto Nacional de Estadística, reportan que en Guatemala existían 135,482 hogares (6.2% del total) donde residía por lo menos una persona con discapacidad. El 54% de dichos hogares radicados en el área rural.
En 2005, el INE realizó la Encuesta Nacional de Discapacidad, cuyos resultados indican que:
1. Existían401,000personascondiscapacidadanivelnacional.
2. Las discapacidades con mayor prevalencia son: visual, auditiva y músculo esqueléticas.
3. Las zonas donde se reportó mayor cantidad de población con discapacidad son las siguientes: región VI (Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu), región I (Metropolitana), y región III (Izabal, El Progreso, Zacapa y Chiquimula)
4. Los rangos de edad de las personas con discapacidad son los siguientes: 22.5% en edades de 6 a 17 años (edad escolar), 42.3% de 18 a 59 años, 35% de 60 años y más.
5. Encuantoalgéneronoexistediferenciaestadísticamentesignificativaentre hombres y mujeres con discapacidad.
6. Del total de personas con discapacidad, 14% asiste a la escuela, 20% había cursado hasta tercero primaria y 52% no tenía ningún grado de escolaridad.
7. El78%delaspersonascondiscapacidadnorecibenningúntipodeapoyo.
8. La causa principal por la que las personas con discapacidad no asisten a la escuela es la sobre edad y no su condición de discapacidad.
9. Únicamente6%delaspersonascondiscapacidadconocendeunservicioo escuela de educación especial.
10.Los servicios a los que más acceden las personas con discapacidad son los de rehabilitación física en hospitales públicos.
En las conclusiones del Diagnóstico de Educación Especial, realizado en el 2005, por el Ministerio de Educación se evidencia lo siguiente:
Existe ampliación de los servicios de educación especial en las cabeceras departamentales, no así en los municipios, en donde aún existe carencia de servicios para esta población, sin embargo la concentración en la ciudad capital persiste.
La población que recibe servicios de educación especial procede del área urbana y en su mayoría (96%) es ladina lo cual se relaciona con la ubicación geográfica de los servicios.
El 89% de edificios escolares presenta barreras arquitectónicas para la población con discapacidad.
Los programas educativos más implementados para atender a la población con necesidades educativas especiales son: aprestamiento, estimulación temprana, educación especial, integración escolar, y programas de aulas recurso e integrada.
La necesidad educativa especial más atendida en ambos sectores (público y privado) son los problemas de aprendizaje, seguidamente los problemas de lenguaje, discapacidad intelectual y discapacidades múltiples.
El 66% del personal docente que atiende educación especial en el sector público laboraba con una plaza presupuestada y el 34% por contrato anual.
Con relación a la formación académica de los docentes 40% cuenta con nivel técnico en Educación Especial o carrera afín y 26% tenía formación a nivel de licenciatura.
El sector privado atiende al 54% de la población con acceso a servicios de educación especial y el sector público al 46%. La mayoría de las Instituciones utilizan las guías curriculares del Ministerio de Educación para impartir la educación especial en los niveles preprimaria y primaria.
Antecedentes de la educación especial en Guatemala
En el período de 1945-1969, se inició la atención educativa para personas con discapacidad en Guatemala. Fueron instituciones privadas, interesadas en la atención de la discapacidad sensorial, las pioneras de la educción especial en el país.
Primero se fundaron la escuela para niños ciegos “Santa Lucia” y para niños sordos “Fray Pedro Ponce de León”, con el auspicio del benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos.
También como iniciativa del sector privado, se fundó en 1962 el Instituto Neurológico de Guatemala, que atiende niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual.
Fue hasta 1969 que el Estado comenzó a interesarse por la educación especial. Ese año se emitió el Decreto 317, Ley Orgánica de Educación, cuyo artículo 33 instituyó la Dirección de Bienestar Estudiantil y Educación Especial.
En 1974, por Acuerdo Gubernativo, se creó la Dirección de Rehabilitación de Niños Subnomales (designación de la época para personas con discapacidad), como dependencia de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República. En 1976 se le transformó en Dirección de Asistencia Educativa Especial.
A fines de los años setenta surgieron otras iniciativas acerca de educación especial. En particular, algunas universidades del país comenzaron a servir carreras de nivel técnico relacionadas con educación especial.
En 1,985 como parte de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Educación Especial, del Ministerio de Educación, se inicia el Departamento de Educación Especial, con el Programa de Aulas Integradas en escuelas regulares del nivel primario de la ciudad capital.
Hacia los años noventa se iniciaron los movimientos de padres y madres de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, quienes impulsaron la creación de Escuelas o Centros de Educación Especial en el interior de la República.
En 1995 se crearon los primeros puestos para docentes de educación especial. Al año siguiente el Congreso de la República aprobó la Ley de Atención a las personas con discapacidad (Decreto 135-96). Ese mismo año fue creado el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI). La Asociación de Capacitación Técnica en Educación y Discapacidad ASCATED, desde 1,996 realiza acciones en beneficio de la población con discapacidad;
entre ellas: capacitación (diplomado para facilitadores comunitarios), orientación y monitoreo a Centros de Educación Especial.
La Comisión Multisectorial de Integración Escolar fue creada en 1997 como respuesta a las necesidades de educación especial. Al desaparecer la Dirección de Bienestar Estudiantil y Educación Especial, el departamento de Educación Especial se integró al Sistema de Mejoramiento Docente y Adecuación Curricular (SIMAC), con funciones normativas, de coordinación y asesoría al Ministerio de Educación.
El Ministerio impulsó la Política y Normativa de Acceso a la Educación para la Población con Necesidades Educativas Especiales en el año 2000. La ejecución de tal política y el proceso de modernización del Estado condujeron a impulsar la desconcentración administrativa, con la creación de Coordinaciones Departamentales de Educación Especial.
En la actualidad la Unidad de Educación Especial forma parte de la Dirección General de Calidad y Desarrollo Educativo (DIGECADE) del MINEDUC. Como resultado de su labor, durante el período 2004-2007 se lograron los siguientes avances:
Capacitación a 3,092 docentes regulares, educación especial, supervisores educativos, catedráticos escuelas normales, coordinadoras de educación especial y nivel infantil.
Inclusión de Sub-área de Atención a las Necesidades educativas especiales en el Currículo Nacional Base de Formación Docente.
Impresión y distribución 56,900 materiales de apoyo para docentes de educación especial, regular, y estudiantes con necesidades educativas especiales.
Creación de 100 plazas para docentes de educación especial: 44 asesores pedagógicos itinerantes, dos en cada una de las 22 Direcciones Departamentales de Educación.
Inclusión de la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales con y sin discapacidad en el Reglamento de evaluación de los aprendizajes (Acuerdo Ministerial No. 2692-2007 de fecha 14 de diciembre 2007).
Dentro de la normativa de construcción de las escuelas públicas se estipuló la obligación de los proveedores de infraestructura de considerar en sus diseños facilidades de acceso para personas con discapacidad.
Adecuaciones Curriculares para niños y niñas con discapacidad intelectual de primero a tercero primaria, validadas con docentes regulares y de educación especial.
Elaboración de protocolo de evaluación para los estudiantes graduandos con necesidades educativas especiales.
Pruebas en el sistema Braille elaboradas para estudiantes con discapacidad visual severa.
Educación Inclusiva
A partir de la meta de Educación para Todos (Jomtién, 1990), la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: acceso y calidad (Salamanca, 1994) estableció el principio de educación inclusiva: “las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y lingüísticas. Deben acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados”.
Esa declaración refleja la filosofía de la educación inclusiva: lograr que las escuelas, en tanto comunidades de aprendizaje, puedan satisfacer las necesidades de todos sus estudiantes, sean cuales fueren sus características personales, psicológicas o sociales. La inclusión surge con el objetivo de eliminar las diversas formas de exclusión y lograr sistemas de educación accesibles a todos, fundamentados en la igualdad, la participación y la no discriminación.
De acuerdo a Arnáiz (2003) la educación inclusiva es ante todo y en primer lugar una cuestión de derechos humanos, ya que sostiene que no se puede segregar a ninguna persona como consecuencia de su discapacidad o dificultades de aprendizaje, género o pertenencia a una minoría étnica. Pero sobre todo es una cuestión de actitud, de un sistema de valores y de creencias, no una acción ni un conjunto de acciones.
La educación inclusiva se interesa por identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, para lograr mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reducir la exclusión en la educación. Implica cambios en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias educativas, con una visión común que incluye a toda la niñez, con la convicción de que es responsabilidad del sistema regular, educarle.
Como cada niña y cada niño tienen características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje distintos, los sistemas educativos deben diseñarse para poder atender la amplia diversidad de dichas características con respuestas pertinentes para las diversas necesidades. Cada estudiante debe recibir los apoyos necesarios para que pueda aprender con éxito en aulas regulares, junto a niñas y niños de su misma edad.
Dyson (2001) propone cuatro modalidades de inclusión y señala que en las políticas educativas debe de precisarse con claridad la variedad de inclusión que se quiere promover y conocer sus puntos fuertes y débiles.
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